Con la introducción en
1992 en la Constitución cubana del concepto del desarrollo económico
y social sostenible, la aprobación de diversas legislaciones sobre
recursos naturales en 1993 y la creación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente en 1994, fortaleció la política y la
gestión ambiental nacional e hizo evidente la necesidad de
estructurar los elementos claves de esa política ambiental en un
marco estratégico basado en una definición de los principales
problemas ambientales del país y las acciones para enfrentarlos.
